El Gobierno de España ha incluido en su hoja de ruta social la creación de una prestación universal por crianza de hasta 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años.
Sin embargo, la medida no está aprobada como ley ni puede solicitarse todavía, ya que forma parte de un planteamiento estratégico pendiente de desarrollo normativo y presupuestario.
La propuesta ha sido incorporada a la actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, donde se recoge como objetivo reforzar el apoyo económico a las familias y reducir la pobreza infantil.
No obstante, su inclusión en este documento no implica su aplicación inmediata, sino que marca una intención política que deberá concretarse mediante una futura tramitación legislativa.
En qué consiste la propuesta
La idea planteada por el Ejecutivo contempla una ayuda de 2.400 euros anuales por hijo menor de edad, con carácter universal, es decir, sin límites de renta.
En caso de aprobarse en los términos anunciados, sería compatible con otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o determinadas deducciones fiscales por maternidad.
El objetivo declarado es aliviar el coste de la crianza en un contexto de inflación acumulada, encarecimiento de la vivienda y descenso de la natalidad.
España se sitúa entre los países de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil, lo que ha intensificado el debate sobre la necesidad de ampliar las políticas de apoyo familiar.
Qué falta para que sea una realidad
Para que la ayuda universal por crianza entre en vigor será necesario que el Gobierno presente un proyecto normativo específico y que la medida se incluya en los Presupuestos Generales del Estado, garantizando su financiación. Posteriormente deberá superar el trámite parlamentario correspondiente.
En estos momentos, no existe fecha oficial de implantación, ni procedimiento de solicitud abierto, ni calendario concreto para su aplicación. Por tanto, cualquier información que dé por hecho su aprobación o cobro inmediato resulta incorrecta.
Impacto potencial
Si finalmente se aprueba, esta prestación podría convertirse en una de las principales políticas sociales dirigidas a las familias en España, con un impacto directo en la renta disponible de los hogares con menores a cargo.
Diversos expertos en políticas sociales consideran que una ayuda de este tipo podría contribuir de forma significativa a reducir la pobreza infantil y mejorar la conciliación familiar, aunque también advierten del elevado coste presupuestario que implicaría su implementación universal.
Por ahora, la ayuda universal por crianza es una propuesta política en fase de planificación.
Su aprobación definitiva dependerá del consenso parlamentario y de la disponibilidad presupuestaria en los próximos ejercicios.
