Andorra ha decidido dar un paso más para intentar contener la creciente crisis de la vivienda que afecta al país.
El Gobierno del Principado ha aprobado un endurecimiento de las condiciones de acceso para residentes pasivos, un perfil que incluye a grandes patrimonios, inversores extranjeros y creadores de contenido digital, entre ellos youtubers y streamers.
La medida llega tras años de aumento sostenido de los precios del alquiler y de la compra de vivienda, un fenómeno que se ha intensificado con la llegada de residentes de alto poder adquisitivo atraídos por la baja fiscalidad del país.
Según el Ejecutivo andorrano, el objetivo es priorizar el acceso a la vivienda de la población local y frenar la presión especulativa sobre un mercado limitado por la propia geografía del territorio.
Requisitos más duros para los nuevos residentes
El cambio normativo afecta especialmente a la figura del residente pasivo, que hasta ahora permitía vivir en Andorra sin desarrollar una actividad laboral directa en el país. A partir de ahora, se elevan de forma significativa las exigencias económicas, tanto en inversión mínima como en garantías financieras.
Entre las medidas anunciadas se incluye el aumento del importe que los solicitantes deben invertir en el país y el refuerzo de los depósitos obligatorios ante el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas.
Con ello, el Gobierno busca reducir la llegada masiva de perfiles con alta capacidad adquisitiva que compiten directamente con los residentes en el mercado inmobiliario.
El impacto de los nuevos residentes en la vivienda
En los últimos años, Andorra se ha convertido en un destino atractivo para youtubers, influencers y empresarios digitales procedentes de España y otros países europeos. Este fenómeno ha tenido un impacto directo sobre el precio de la vivienda, especialmente en las zonas con mayor demanda.
Según datos oficiales y análisis del mercado, la presión ejercida por estos perfiles ha contribuido a una subida acelerada de los alquileres, dificultando el acceso a la vivienda para trabajadores locales y jóvenes. El propio Gobierno reconoce que la situación ha generado tensiones sociales y económicas que exigían una respuesta política.
Una medida para ganar tiempo
El Ejecutivo andorrano subraya que el endurecimiento de las condiciones de residencia no es una solución única, sino parte de una estrategia más amplia. Entre las líneas de actuación también se encuentran el impulso a la vivienda pública, la regulación del alquiler y la limitación de usos especulativos.
Las autoridades insisten en que estas decisiones buscan ganar margen de maniobra mientras se desarrollan políticas estructurales que permitan equilibrar la oferta y la demanda en un país con un territorio muy reducido.
Reacciones y debate abierto
La decisión no ha estado exenta de polémica. Mientras algunos sectores aplauden la medida por considerar que protege a los residentes, otros advierten del posible impacto negativo sobre la inversión extranjera y la imagen de Andorra como destino atractivo para emprendedores y grandes patrimonios.
Tal y como recoge El Economista, el Gobierno defiende que el equilibrio entre crecimiento económico y cohesión social es ahora la prioridad, incluso si eso implica cerrar parcialmente la puerta a perfiles que hasta ahora encontraban en Andorra un entorno fiscal y residencial muy favorable.
El debate sobre cómo compatibilizar la atracción de capital, el desarrollo económico y el derecho a la vivienda seguirá abierto en los próximos meses, tanto en Andorra como en otros países que afrontan problemas similares.
